Jorge Toyama: “Hay una discriminación [de trabajadores] general en el Estado”

¿Cuáles son los 12 beneficios económicos que gozarán los trabajadores en modalidad CAS en Perú?
Avanza en el Congreso proyecto que otorgaría CTS y gratificación a los trabajadores CAS, ¿qué implica?

Jorge Toyama, abogado laboralista socio del Estudio Vinatea & Toyama, conversó con El Comercio para opinar sobre la iniciativa parlamentaria que busca darle CTS y gratificaciones equivalentes a un sueldo a los trabajadores CAS. El especialista resaltó que hay discriminación salarial en los cuatro regímenes laborales del Estado y resalta que esta propuesta podría afectar la sostenibilidad fiscal. Además, recordó que existe la Ley Servir que podría alinear los derechos de todos los colaboradores públicos.

El Congreso propone esta iniciativa porque, según refiere, hay una discriminación salarial hacia los trabajadores CAS. ¿Este principio se aplica en el caso del sector público?

Hay una discriminación general en el Estado porque hay trabajadores que tienen todos los derechos laborales como los trabajadores de la 728; es decir, cuentan con CTS, gratificaciones dobles, igual al sueldo en julio y diciembre. También tienes a los trabajadores del régimen laboral público —los de la 276—, que tienen un aguinaldo de S/300 en vez de gratificaciones de julio o diciembre. Por otro lado, están los trabajadores CAS, que no están en planilla, no tienen gratificación ni CTS; es decir, no pertenece ni al primero ni al segundo grupo. Además, hay un cuarto grupo de trabajadores que no están en planilla, sino por honorarios de servicios.

Entonces hay una discriminación general hoy día, no solo con los CAS. Para solucionar esto, considero que se debería aplicar la Ley de Servicio Civil, a donde pocas instituciones han pasado. Si esto se realiza, se eliminan los cuatro regímenes, los trabajadores tendrían los mismos beneficios y tendrían más posibilidades de ir a otra entidad porque están acogidos en el mismo sistema.

Además, sobre la propuesta en concreto, hay un segundo problema y es que el Congreso no tiene iniciativa de gasto y no puede generarlo, según la Constitución. Si este proyecto se aprueba, el MEF ha calculado un gasto por encima de S/2.000 millones solo en un año, entonces esta norma es inconstitucional.

¿Este tipo de legislación abre las puertas a una eventual eliminación del régimen CAS en el mediano plazo?

Sí y también a los demás regímenes. La finalidad del proyecto no es mala, pero también están los trabajadores del régimen laboral público de la 276 que no tienen derecho a la gratificación de un sueldo, sino a un aguinaldo. Entonces, hoy día los discriminados no solo son los CAS, son también los del régimen público, son también los del régimen que no está en planillas. La iniciativa es una norma parche del Congreso, porque equilibra los CAS con el régimen público, pero, ¿qué pasa con el resto de regímenes? Por eso, reitero, la solución macro ya está dada [Ley Servir].

¿Qué retos legales podrían surgir al intentar homologar beneficios entre regímenes tan distintos como el CAS, 276 y 728?

No, no es un reto legal porque la norma [Ley Servir] indica cómo hacerlo. Incluso hay entidades que ya han pasado al servicio civil.

Para ser precisos, con la iniciativa del Congreso, ¿solo se estaría homologando a los CAS con los de la 728?

Sí, se igualan porque tiene dos gratificaciones y CTS, pero los diferencia también el régimen laboral público. Entonces, si queremos ser duros, el gobierno podría homologar a los CAS con los de la 276, y se originaría muchísimo menos gasto.

Si eso ocurre, ¿qué diferencia quedaría entre ambos [CAS y 728]?

La estabilidad laboral centralmente, porque el CAS es una figura temporal. En cambio, en los otros dos regímenes hay estables o ‘nombrados’.

De darse la norma, ¿podría generar despidos el siguiente año?

Sí, porque si la entidad pública no tiene presupuesto dejará de contratar. La propuesta del Congreso debería agregar un texto donde se indique que los beneficios se darán “solo si hay presupuesto. Si no hay, se aplicará progresivamente dependiendo de cada entidad”.

Entonces, ¿se podría incrementar la informalidad en el sector público, con los contratos por locadores de servicios?

Sí, porque si no hay dinero, no hay forma de cumplir la norma. De esta manera, lo que debería hacer el director de una entidad de forma responsable es dejar de renovar el contrato o hasta despedir CAS y si es indispensable la mano de obra, migrar a contrataciones de honorarios profesionales o locación de servicio.

¿Se podrá originar mayor presión laboral?, ¿a quiénes?

Se va a generar más presión en los trabajadores 276 del Estado, que son como 700.000 empleados en el país. Incluso, ellos podrían alegar que están siendo discriminados, porque ya serían dos regímenes con más beneficios.

¿Qué instituciones serán las más afectadas?

Sobre todo, las instituciones jóvenes o las grandes que tienen más cantidad de trabajadores CAS.

¿La iniciativa podría tener un efecto sobre la meritocracia en el acceso a la función pública?

Para atracción del talento técnico, sí es atractivo, porque ya lo equilibra. Son dos sueldos al año más la CTS, son tres sueldos al año. Entonces si cabe la expresión, se puede generar un poco de gancho para el talento meritocrático del sector privado o para aquellos que están indecisos de trabajar en el Estado o el privado.

¿Qué efectos habrán en la caja fiscal?

Se va a generar más déficit fiscal, porque ese dinero debe salir de algún lado, no es que los trabajadores CAS recibiendo CTS y gratificación van a elevar la productividad y a su vez va a generar S/2.000 millones, o sea, ellos no se van a pagar con su mayor esfuerzo el sueldo. Esta iniciativa es un ejemplo; si bien puede haber un principio de igualdad, no toma en cuenta la Constitución, la iniciativa de gasto ni la sostenibilidad fiscal.

Según la iniciativa, se financiará con cargo al presupuesto adicional de cada entidad; por lo tanto, la implementación de la ley no demandará recursos adicionales, ¿qué tan cierto será esto?

Sí demandará. No todas las entidades cuentan con recursos propios suficientes. Hay instituciones que apenas logran cerrar el año. Lo más importante aquí es que, antes de presentar la propuesta, no se ha hecho un análisis financiero sobre su viabilidad. Es decir, si realmente se alcanzarán las metas o si la propuesta podría hacer que muchas entidades, como una municipalidad pequeña o una institución sin saldo disponible, no puedan cumplir con los pagos.

En términos generales, ¿la propuesta es buena?

Yo creo que es buena solo para los trabajadores CAS, pero desde la perspectiva de sostenibilidad no es buena y tampoco para el Estado, menos para los que pagamos impuestos.