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Las elecciones presidenciales son una fuente importante de incertidumbre económica. Este informe analiza las propuestas que más preocupan al IPE incluidas en los planes de gobierno y las declaraciones de los siete partidos que lideran las encuestas de intención de voto.
Inversión privada y el Estado empresario
De los siete partidos (Renovación Popular, Fuerza Popular, Buen Gobierno, Ahora Nación, Juntos por el Perú-JPP, Alianza para el Progreso-APP, País para Todos) con mayor intención de voto, JPP, liderado por Roberto Sánchez, se opone firmemente a la inversión privada. Prioriza más bien una mayor intervención del Estado y busca romper con el tratamiento igualitario a las inversiones nacionales y extranjeras. Por su lado, el candidato de Ahora Nación, Alfonso López Chau), sostiene que urge una nueva Constitución “y poner en discusión todo lo que sea necesario”. Por otra parte, de cara a la insostenibilidad financiera, técnica y operativa de Petro-Perú, Ahora Nación y JPP se oponen al decreto de urgencia que busca su reestructuración. Además, para JPP se debe más bien ampliar el rol de Petro-Perú hacia la exploración y explotación de hidrocarburos que hoy no desarrolla.
Debilitamiento del equilibrio fiscal
Asegurar un manejo sostenible de las finanzas públicas es fundamental. Sin embargo, no solo ninguno de los partidos busca lograrlo, sino que varias propuestas acrecientan los riesgos sobre las cuentas fiscales. Por ejemplo, según Videnza Instituto, considerando solo las propuestas vinculadas a transporte, tales como trenes, autopistas y sistemas de transporte masivo, el plan de gobierno de Renovación Popular tendría un costo incremental anual de S/52 mil millones. Este mismo análisis, calcula significativos costos fiscales anuales para APP (S/48 mil millones), Fuerza Popular (S/34 mil millones) y Ahora Nación (S/28 mil millones). En el caso de JPP, al costo estimado por Videnza Instituto de S/19 mil millones, habría que sumarle alrededor de S/8 mil millones que costaría su reciente propuesta de equiparar la remuneración docente a la UIT vigente (S/ 5.500).
Barreras laborales
Las propuestas laborales más riesgosas incrementan sobrecostos e incertidumbre, perjudicando la generación de empleo formal. JPP plantea que el salario mínimo “se ajuste” a las necesidades de la población, mientras que APP, de César Acuña, espera que llegue a S/ 2.000 para 2031. Además, JPP, APP y Renovación Popular proponen incentivos tributarios para promover la formalización, sin especificar su temporalidad. Finalmente, aunque aproximadamente 370 mil empleos juveniles se perdieron respecto de 2019, de los siete partidos, APP y Renovación Popular carecen de medidas para impulsar su recuperación.
Obstáculos para enfrentar la inseguridad y las economías ilegales
Las denuncias por extorsión en 2024 fueron 5,5 veces más altas que en 2019 dejando claro que este delito no se combate con declaraciones de estados de emergencia que se multiplicaron más de seis veces en ese periodo. En este contexto, Renovación Popular no plantea medidas concretas para combatirlo. A su vez, Fuerza Popular y País para Todos, este último liderado por Carlos Álvarez, apuestan por un mando unificado entre la PNP y las FF.AA., aunque no hay evidencia de que este enfoque asegure resultados.
Respecto a la minería ilegal, Renovación Popular es el único partido sin medidas para combatirla. Además, ningún partido propone eliminar el Reinfo ni fijar plazos improrrogables, siendo que las bancadas de cuatro de ellos (Fuerza Popular, APP, JPP y Renovación Popular) votaron a favor de su ampliación. Sobre las concesiones mineras, JPP propone reducir su plazo de treinta a cinco años y coincide con Renovación Popular en revertir al Estado las concesiones mal llamadas “ociosas”. En esa línea, Fuerza Popular plantea cambiar la Ley General de Minería para evitar la “especulación de las concesiones”. Por su parte, Buen Gobierno, liderado por Jorge Nieto, propone establecer límites a la cantidad de concesiones por empresas o grupos económicos, además de elevar más la carga tributaria a la que ya está sujeta la minería formal. Finalmente, JPP busca, entre otros cambios, que la comercialización del oro de la minería artesanal y pequeña minería se haga a través del Estado.
Se necesitan partidos que tengan claro que la prosperidad depende de la inversión privada para la generación de empleo y la reducción de la pobreza; que no den por sentada una cada vez más frágil sostenibilidad fiscal; y que combatan firmemente a la inseguridad y las economías ilegales.
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