De ser aprobada por el Congreso de la República la norma que modificaría la Ley 30607, que actualmente regula el funcionamiento de las Cajas Municipales de Ahorro y Crédito (CMAC), se desmantelaría un sistema de gobernanza que desde hace más de 40 años ha caracterizado a las Cajas Municipales y las han convertido en un excelente modelo de inclusión financiera y desarrollo en el Perú.
Es evidente que el pasado 22 de mayo, cuando el Congreso aprobó al filo de la medianoche, en primera votación, el texto sustitutorio de los proyectos de ley 5514/2022 y 5620/2022, se impulsó una propuesta que no contó con el menor debate técnico y no consideró los impactos negativos que se tendría sobre la gobernabilidad y la independencia que hoy rige a las CMAC.
Uno de los aspectos más alarmantes del proyecto es la pretensión de conceder a la Confederación Nacional de Comerciantes (Conaco) un asiento en los directorios de las cajas, además de habilitar el ingreso de excongresistas por el solo hecho de haber integrado la Comisión de Economía, Presupuesto o afines. Resulta evidente, una vez más, que estas designaciones obedecerían a conveniencias políticas antes que a rigurosos criterios técnicos, soslayando el profesionalismo y la idoneidad que hoy distinguen a los actuales directorios de las CMAC.
La medida en cuestión, lejos de fortalecer el sistema, también abriría la puerta a conflictos de intereses graves, pues no existiría meritocrática para designar a los directores de las CMAC, además de dar paso a la politización de la gestión financiera de las entidades, algo que por décadas se ha buscado evitar.
Las Cajas Municipales han sido históricamente una herramienta poderosa para llegar donde la banca tradicional no llega. Son entidades que han crecido en base a profesionales de primer nivel, el trabajo en territorio, la cercanía con las microfinanzas y un modelo de gobernanza que equilibra la propiedad municipal con la supervisión estatal y la independencia técnica. Alterar esta estructura no es una mejora, es una amenaza.
Por ello, la propuesta legislativa en discusión pone en riesgo este equilibrio, permitiendo que intereses políticos -muchas veces coyunturales- tomen el control y socaven desde dentro el manejo de instituciones que velan por los recursos de millones de peruanos.
Tampoco puede dejarse de lado el hecho de que la propuesta se ha impulsado sin consulta pública y sin espacio para la opinión técnica y mesurada de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS).
Como ex directora independiente de una Caja Municipal, me sumo a las voces que piden frenar este despropósito legislativo. Las Cajas Municipales son un motor de inclusión financiera que han demostrado ser resilientes incluso en contextos de crisis.
Aún estamos a tiempo de evitar que intereses particulares destruyan un modelo exitoso que fortalece la economía nacional. Confío en que la presión pública levante la voz en defensa de un sistema que ha permitido sacar de la pobreza a millones de peruanos antes desentendidas por la banca tradicional.
About Author
This post was originally published on this site
