La informalidad laboral, que alcanza a más del 70% de nuestra PEA, no es un fenómeno marginal sino parte de nuestro sistema económico y social, en el que coexiste y se interconecta con la economía formal y la criminalidad. Las personas y empresas ingresan a la informalidad como respuesta a la falta de oportunidades en el sector formal, a los costos de formalización, a regulaciones poco adaptadas a la realidad, o con expreso ánimo de evadir la ley.
Estas actividades, aunque fueran lícitas, operan al margen de la ley y del control estatal, facilitando la evasión de impuestos y la precarización laboral, pero por ello mismo son utilizadas por la criminalidad para que el dinero que genera ingrese en el circuito legal mediante el lavado de activos, o el intercambio de bienes y servicios que puede llegar hasta la economía formal en una cadena en la que concurren actividades como el contrabando o la piratería, alimentando redes de corrupción y violencia. Así, la informalidad no solo perpetúa la evasión tributaria y la precariedad laboral, sino que vuelve difusa la frontera entre lo informal y lo criminal, y se convierte en terreno fértil para la criminalidad organizada, representando un grave riesgo para la seguridad y el desarrollo del país.
En un contexto como el nuestro, ¿qué rol puede asumir la inspección de trabajo en el combate contra la criminalidad? El Informe Inspecciones Laborales 2025 de Vinatea & Toyama revela que la actuación de la Sunafil tiene un enfoque predominantemente reactivo y punitivo: más del 70% de las inspecciones en 2024 se originaron por denuncias de parte y las fiscalizaciones se concentraron en el pago de beneficios económicos en planilla, y aproximadamente el 40% de las sanciones propuestas en 2024 fueron por obstrucción a la labor inspectiva. Además, la mayoría de los recursos y operativos de la Sunafil se concentran en Lima y regiones con menor informalidad, mientras que regiones con alta informalidad laboral, como Puno o Madre de Dios, cuentan con pocos recursos e inspectores. La alta rotación de sus autoridades agrava el problema.
Esta situación hace que la labor inspectiva se perciba como punitiva y desconectada con la realidad. Resulta pues urgente que la inspección asuma un rol promotor de la formalización, acompañando a los actores informales en su proceso de integración al sistema formal. La coordinación con municipalidades, la autoridad tributaria, la seguridad social y la fiscalía, es esencial para abordar las múltiples dimensiones de la informalidad y evitar que esta se convierta en refugio de la criminalidad. No basta con sancionar; es fundamental orientar, y facilitar el cumplimiento de la ley, especialmente en sectores y regiones donde la informalidad predomina. De esta manera, la Sunafil no solamente puede asumir un rol protagónico en la promoción de la formalización sino además atajar el avance de la criminalidad.
Repensar el rol de la inspección de trabajo es clave para enfrentar la informalidad y prevenir la criminalidad. Se requieren políticas integrales y coordinadas que combinen asistencia, incentivos y control, poniendo en el centro la formalización como vía para el desarrollo, la equidad y la seguridad.
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